Fui a abrir una cuenta y me preguntaron si era un PEP. ¿Qué es eso?

Feb 11, 2022

Por: Claudia Alvarez Troncoso (CAMS/ECGR/Especialista 37001)

(*publicado originalmente en Argentarium.com en mayo de 2017)

 

Si usted ha ido al banco u otra entidad financiera (puesto de bolsa, fiduciaria, fondo de inversión, seguro) y hasta a un agente de cambio y/o remesadora, para vincularse como cliente o para actualizar su información de contacto, habrá notado que durante la entrevista o al completar su formulario de solicitud le preguntan si usted es o ha sido un PEP. Incluso, indagan si tiene algún parentesco con un PEP, ya sea por consanguinidad o afinidad. No es para preocuparse. Digámoslo al estilo del lobo, cuando Caperucita Roja llega a la casa de su abuelita con su canastica y la encuentra un poco cambiada en su forma y apariencia: es para conocerle mejor.

¿Qué es un PEP?

Una Persona Expuesta Políticamente o Públicamente, PEP por sus siglas, es aquella persona que desempeña funciones públicas “por elección o nombramientos ejecutivos, en el territorio nacional o en un país extranjero”, según el Instructivo de Debida Diligencia de la Superintendencia de Bancos (SB). Similar definición se ha establecido en las normas correspondientes emitidas por la Superintendencias de Valores y la de Seguros.

Incluye también a los políticos que ostentan cargos públicos ya sea en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en el cuerpo militar… y que deban presentar declaraciones juradas. Igualmente, aquellos que formen parte de directivas o de la estructura gerencial de empresas estatales. También, los miembros de las directivas de partidos políticos y sus candidatos; así como los representantes de organizaciones religiosas.

Para los PEP extranjeros, aparte de cargos políticos y judiciales de un país extranjero, también envuelve a los diplomáticos y representantes de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Básicamente, al PEP se le da un tratamiento particular en el proceso de vincularlo como cliente y durante toda la relación comercial para conocer mejor con qué propósito usará los productos y servicios de la entidad, la procedencia y origen de los fondos, tipo de actividad económica que desempeña, su reputación conforme a fuentes públicas, así como determinar desde cuáles jurisdicciones recibirá o hacia donde enviará fondos. Esto así debido al potencial riesgo que representa este tipo de persona y los fondos que se transen a través de sus cuentas, dado su posición prominente y/o de influencia en la cual es más susceptible de estar o verse involucrado en delitos de soborno o corrupción, así como en esquemas de lavado de activos.

Para gestionar y controlar ese riesgo, las autoridades están vigilantes de quienes puedan servir de testaferros para manejar fondos de estas figuras políticas o públicas. En tal sentido, quedan asimilados como PEP aquellos que tienen parentesco de primer grado de consanguinidad y los de segundo grado de afinidad. Estos vendrían siendo los cónyuges o parejas, hijos, padres, hermanos y en algunas legislaciones hasta los tíos y parientes políticos, tales como nuero(a) y suegro(a). Igualmente son asimilados a PEP, aquellas personas que se consideren asociados cercanos o los empleados que realicen operaciones en su nombre como intermediarios.

Lo anterior cobra particular relieve por el hecho de que los fondos son utilizados para abrir cuentas o establecer sociedades bajo sus nombres, pero pertenecen al PEP, quien es el verdadero beneficiario final o real controlador.

Esta es una tipología de larga data y se mantiene vigente, razón por la cual el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) emitió su Guía sobre Personas Expuestos Políticamente para ampliar lo precisado en sus Recomendaciones 12 y 22.

De igual forma, el constante uso de esta metodología se evidencia en los casos expuestos a través de los Panama Papers; el caso de Javier Duarte, que fuera gobernador del Estado de Veracruz en México y recientemente deportado desde Guatemala hacia su país, luego de haber huido de la justicia; el caso de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, de Honduras, quien se declaró culpable de conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos de Norteamérica y recibir sobornos de un grupo criminal de narcotráfico en Honduras, aguardando sentencia en una prisión de Nueva York luego que la fiscalía solicitara prisión perpetua.

La clasificación de PEP en otras jurisdicciones se mantiene por períodos que varían o simplemente la persona nunca deja de ser considerada un PEP. Esto último es de suprema importancia, sobre todo cuando consideramos que, en la gran mayoría de los casos, las demostraciones de riquezas obtenidas por vías ilícitas como el soborno, corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, se evidencian luego que la persona ha dejado el cargo o ha cesado sus funciones públicas. Existen excepciones de demostraciones burdas durante el desempeño del cargo público. Pero, no obstante, todas dejan evidencias que sirven de base para investigaciones futuras.

 

[Actualización] En el caso de República Dominicana, la legislación anterior (Ley 72-02) no establecía un plazo de duración para mantener la calificación de PEP. Pero las normas de sectores específicos, como bancos y seguros, sí indicaban que la persona sería clasificada como PEP por un período de hasta tres (3) años, luego de haber dejado su cargo o funciones en el sector público. Este mismo plazo de tres (3) años es el que quedó establecido en la nueva Ley No. 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

 

Claudia Alvarez Troncoso - CAMS, ECGR, Especialista 37001

 

Es Socia Directora de EtikaMente GEC. Estratega en gobierno corporativo, ética e impacto reputacional, sostenibilidad, ciudadanía corporativa, cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos y FT; anticorrupción, antisoborno; inclusión y diversidad.

Presidente del consejo del Centro LATAM de Ética y Compliance (CLEC) y Directora del programa Women in Compliance & Ethics DR (WICE-DR). Coordinadora de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en República Dominicana.

Fue consultora externa de la UAF Rep. Dom. para capacitación de los sujetos obligados en las jornadas de sensibilización de la nueva ley antilavado. Fue VP Corporativo de Cumplimiento de banca internacional para un Grupo Financiero regional; VP de Gobierno Corporativo de un banco de licencia general en Panamá; y Consultora Técnica en la Consultoría Jurídica en el Banco Central de la República Dominicana. Conferencista internacional en EEUU y diversos países de LATAM. Escritora de artículos publicado en varios medios y ha sido colaboradora en Argentarium Radio.

 

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